La ley de vivienda será una realidad mañana viernes, dos días antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28-M. Entrará en vigor tras ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque previsiblemente tardará meses en ponerse en práctica, especialmente las medidas relativas al control de precios en las zonas tensionadas. La norma, que ha generado un gran malestar en el sector inmobiliario y hasta ha sido cuestionada por el Banco de España, regula y topa el precio de los alquileres, permite rebajar de diez a cinco viviendas la definición de gran tenedor en zonas tensionadas y modifica los procesos de desahucios complicando el desalojo de los okupas, entre otras cosas.
Las comunidades autónomas gobernadas por el PP (Comunidad de Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla y León y Región de Murcia) ya han anunciado que no la aplicarán la ley en las cuestiones que afecten a sus competencias. Desde el PSOE han instado al principal partido de la oposición a que haga cumplir la norma.
El control de precios es una de las medidas más polémicas que contiene la ley. Se elimina el IPC como índice de referencia para actualizar la renta y los contratos que se renueven en 2024 no podrá superar el 3% de subida cuando el propietario sea un gran tenedor (personas físicas o jurídicas titulares de más de 10 inmuebles de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 m2 de uso residencial, excluyendo garajes y trasteros).
En los supuestos en los que el arrendador no sea un gran tenedor, el incremento será el pactado entre las partes y, si no llegan a un acuerdo, no podrá ser más del 3%. Además, antes del 31 de diciembre del próximo año, se creará un nuevo índice de referencia aplicable al territorio al margen del IPC.
En cuanto a las zonas tensionadas, las administraciones competentes en materia de vivienda podrán declararlas como tal si la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta media de los hogares, o bien cuando el precio de alquiler de la vivienda haya aumentado al menos tres puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores.
Por otra parte, introduce una batería de medidas para dificultar los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad económica, especialmente cuando el arrendador sea un gran tenedor de inmuebles. De este modo, los desahucios no podrán realizarse sin una hora y una fecha predeterminada.
También obligará a los propietarios a pagar en exclusiva los honorarios de las inmobiliarias y se prohibirá que el propietario repercuta en el precio del alquiler al inquilino otros gastos tales como la tasa de basuras o los gastos de la comunidad.
Beneficios fiscales
La ley de vivienda también introduce bonificaciones fiscales en el IRPF para los pequeños propietarios que pongan su casa en alquiler en áreas tensionadas. Contempla una reducción del 90% cuando se rebaje la renta un 5% del total del anterior contrato, un 70% si se alquila a jóvenes entre 18 y 35 años o se destina a alquiler social con un precio inferior a de mercado y 60% de bonificación si la vivienda se ha rehabilitado en los dos años anteriores.
Las deducciones fiscales no entrarán en vigor hasta el 1 de enero de 2024 y los propietarios no podrán acogerse a ellas, por lo tanto, hasta la Declaración de la Renta de 2025.
El economista
